Mientras la Fiscalía logró que los 435 empleados de la Procuraduría devuelvan el bono espiritual de 10 mil dólares que recibieron el año anterior, el procurador, Diego García, anunció que abrirá sumarios administrativos en contra de los trabajadores que se ausentaron de sus puestos de trabajo por tres días consecutivos.

Pese a que no se definió el mecanismo para  la sanción, en una asamblea efectuada la tarde del pasado martes la Asociación de Empleados de la Procuraduría resolvió devolver al Estado los casi cuatro millones de dólares que se repartieron a los trabajadores en los denominados bonos espirituales.

Esto con el propósito de que se cumpla el ofrecimiento del fiscal  del Estado, Washington Pesántez, de desestimar el proceso penal que se les inició por este caso, en contra de los ex dirigentes del gremio.

En la decisión no se tomó en cuenta las inversiones en bienes inmuebles que efectuó la asociación con alrededor de tres millones de dólares, como en la adquisición de una casa para vacacionar.

Así también Pesántez negó que en la Fiscalía se hayan entregado bonos similares a los que recibieron en la Procuraduría General, tal como lo ha afirmado  el abogado de los trabajadores de esa institución, Alejandro Vanegas.